Editorial
EL MUNDO
El siniestro del avión militar A400M el sábado en Sevilla mientras realizaba su primer vuelo de pruebas supone un duro mazazo para una industria de carácter estratégico en la Unión Europea. Además de las cuatro personas fallecidas en el acto, dos supervivientes permanecían ayer muy graves, aunque estables por fortuna. Y sólo la peripecia y sangre fría del piloto evitó una tragedia mucho mayor. Se trata, por tanto de un drama humano antes que nada. A este respecto, cabe subrayar la rapidez con la que todas las fuerzas políticas suspendieron sus actos de campaña nada más conocerse la noticia. Pero, más allá de las irreparables pérdidas de vidas, son tantos los intereses económicos y geoestratégicos en juego que resulta imprescindible que tanto la dirección de Airbus Defence & Space como los gobiernos implicados en el proyecto, en especial como es lógico el español, actúen con la máxima transparencia y ofrezcan toda la ingormación conforme avance la investigación. porque, aunque aún hay que determinar si estamos ante un accidente fortuito o si hubo fallos técnicos y de qué alcance, Airbus no puede permitirse la mínima sombra de sospecha sobre la absoluta seguridad y garantías de un proyecto tan importante. El ministro de Defensa español, Pedro Morenés, exigió ayer una «investigación rigurosa» que despeje las dudas, muy preocupado por las repercusiones económicas. Lo ocurrido eleva la presión a nuestro país ante el riesgo de que descarrile el multimillonario plan industrial.
De momento, Reino Unido, Alemania y Turquía decidieron ayer suspender el uso de los A400M con los que cuentan como medida de prevención hasta que se conozca la ocurrido en Sevilla. Francia, por su parte, ha optado por seguir operando con ellos, pero sólo en «vuelos extremadamente prioritarios». El avión militar del siglo XXI, como lo define la Alianza Atlántica, cuenta con la más avanzada tecnología, capaz de llevar a unos 800 kilómetros por hora a 116 paracaidistas, de gran utilidad para misiones de carácter humanitario, pero también muy eficaz ante situaciones ofensivas porque puede aterrizar en territorios hostiles. Es el gran orgullo de la ingeniería militar europea, fruto de un programa en el que participa varios países comunitarios miembros de la OTAN, presupuestado nada menos que en unos 31.000 millones de euros -de los que los países miembros aportan 21.500-. Sin embargo, el proyecto también tiene sus sombras. Así, desde el principio ha estado marcado por los sobrecostes y por los retrasos en los plazos de diseño, producción y entrega de unidades. Y dado que la industria aeronáutica mueve tal volumen económico, no han faltado el nerviosismo de las partes implicadas y las presiones. Por ejemplo, el Gobierno alemán ha venido ejerciendo un constante apremio a la planta de Sevilla -donde tienen lugar el ensamblaje final de las piezas fabricadas en varios lugares del mundo y las pruebas de los modelos- para acelerar la cadencia de producción. Los retrasos de fabricación generaron serios problemas que causaron incluso la destitución del presidente de Airbus España a finales de enero. Y, como ayer publicamos, el consejero delegado de Airbus Group, Tom Enders, admitió que el programa del A400M tenía «ineficiencias significativas» y que no se encontraba en la «situación idónea».
Desde la compañía se insistió ayer en que se siguen los protocolos más rigurosos y estrictos, y en la planta sevillana aseguraron que el avión había pasado todas las pruebas sin ningún fallo previo anterior. Pero teniendo en cuenta las dudas en torno al proyecto que se suscitaron hace apenas dos meses, resulta exigible, mientras avanzan las pesquisas que Airbus redoble todos los procedimientos de seguridad, incluso aunque ello implique al consorcio volver a replantearse los plazos de producción y entrega. Porque lo único prioritario, además de la seguridad, es que el proyecto no pierda su prestigio y credibilidad internacionales, de los que depende en buena medida la estratégica industrial europea de Defensa.
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