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Las nuevas ayudas pueden dejar fuera al 54% de las superficies de pastos de la ganadería extensiva andaluza
« Cuando le llamé por teléfono se creía que no me había enterado bien, que lo que l e estaba contando no podía ser. Sin embargo, no me equivocaba, estaba en lo cierto y todo esto va a conducir a que llegado el tiempo tenga que vender mi explotación o reducir el ganado que ahora tengo». Son declaraciones de un ganadero de extensivo de la provincia de Sevilla, concretamente de Lora del Río, que prefiere guardar el anonimato, y que reconoce que lleva «dos noches sin dormir pensando en lo que se me viene encima».
Y lo que se le viene encima tiene una denominación farragosa para los profanos en la materia –coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP)- un sistema de cálculo para establecer la superficie considerada como pasto dentro de una finca. Según han denunciado las organizaciones agrarias con Asaja a la cabeza, los criterios fijados para este año van a provocar en el sector un «daño irreparable» y dejan fuera del sistema de ayudas al 54% de la superficie de pastos, según las estimaciones realizadas por Asaja-Andalucía.
¿Qué a va suponer esto en la práctica? En el caso concreto de ganadero sevillano, con 25 años de experiencia que gestiona varias fincas en alquiler, de las 619 hectáreas con derecho a ayudas reconocidas en 2014, el nuevo CAP se las reduce a 160 hectáreas. Su caso es especialmente significativo toda vez de que las 619 hectáreas, 310 son de arbolado, un parámetro muy penalizado este año.
Sin embargo, no es la primera vez que sufre una pérdida de la superficie con derecho a ayuda, dado que en 2013 la extensión reconocida era de 899 hectáreas «que son las que realmente tengo». En esa extensión se crían 673 reses de vacuno de carne.
A este empresario se le tuerce también el proyecto de poner en toda la finca ganadería ecológica, que establece que para cada cabeza de ganado es necesaria una hectárea de superficie. «Como ahora solo se me reconocen 160 hectáreas, no podré practicar este tipo de ganadería para mis 673 animales, a pesar de que en total tengo casi 900 hectáreas. Una locura».
No es el único ganadero preocupado estos días. Abel Domínguez, inge-
niero agrónomo, gestiona una finca familiar en Encinasola (Huelva), propiedad de su familia desde que la comprara su bisabuelo. En las 234 hectáreas reconocidas con derecho a ayudas comunitarias en 2014 pastan 80 vacas, 120 ovejas y alrededor de 180 cerdos ibéricos puros de bellota, es decir, el «prototipo de ganadero de la Sierra de Huelva».
De no rectificarse los nuevos cálculos para el pasto, su finca pasará a tener 143 hectáreas reconocidas. «Una barbaridad y aún más por las razones que esgrimen, la pendiente, la actividad vegetativa y la estructura vegetativa», argumenta Domínguez.
El ganadero onubense hace referencia a los tres parámetros que conforman el CAP. Precisamente el componente que ha levantado más polémica es el de la estructura vegetativa al incluir este año la arboleda y no solo el matorral, que ya se aplicó en 2014. Domínguez sostiene que donde mejor pasto hay es precisamente en la zona arbolada, la de encinas y alcornoques, por lo que no entiende que las administraciones –desde la andaluza a la comunitaria pasando por la estatalquieran excluirla de los derechos de pago.
«Si quieren excluir algo del árbol debería ser el tronco, pero no el resto, porque los animales comen no solo la hierba del suelo sino también las ramas», explica. Además, alerta también de que las ayudas agroambientales se verán seriamente afectadas, al reducirse la superficie.
A su juicio, todo este embrollo es una «aberración técnica, ganadera y medioambiental y lo que están haciendo es apoyar a las fincas sin arbolado. Hablan de proteger las dehesas y ahora nos quieren penalizar por tenerlas», afirma Domínguez.
Mientras que los ganaderos están desconcertados y preocupados, Asaja ha enviado una carta a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la que se le solicita una «rectificación urgente del modelo que se nos impone» ya que, de lo contrario, «estaremos provocando la desaparición paulatina de un sector único en nuestra geografía que aporta empleo, riqueza, fija la población y mantiene el medio ambiente».
En la misiva se asegura que el cambio en la metodología del cálculo se penalizan aquellas dehesas mejor conservadas y le recuerda a la presidenta que en otras comunidades, como Extremadura y Castilla-La Mancha los gobiernos autonómicos han minimizado en gran medida el impacto al incluir un factor de «grado de pastos» en los arbolados «evitando con ello los problemas que ahora tenemos en Andalucía».
Asimismo recuerdan que son ya tres años consecutivos cambiando el CAP, lo que supone para los ganaderos presentar alegaciones año a año, con los costes que de ello se derivan y fomentando la inseguridad jurídica. En esta línea Asaja asegura que ya el año pasado el factor restrictivo del matorral generó la pérdida de miles de hectáreas en el campo andaluz por «criterios erróneos» respecto al grado de accesibilidad del ganado en las explotaciones.
Bajo estos parámetros, el presidente de Asaja-Andalucía, Ricardo Serra, firmante de la carta, cree que los responsables de las distintas administraciones no han sabido defender en Bruselas el modelo de ganadería extensiva, desconocido para las autoridades comunitarias, como ya en su día ocurrió con el olivar.
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