Rogelio Velasco
DIARIO DE SEVILLA
Durante las campañas electorales, todos los partidos tienden un cheque en blanco con el que pagar las promesas que realizan. No sería justo afirmar que todos han realizado promesas que comprometan a los presupuestos públicos con la misma intensidad. Algunos partidos han transmitido mensajes menos electoralistas.
Ahora, cuando los distintos partidos toman las riendas de los ayuntamientos, se enfrentan a las desagradables restricciones presupuestarias derivadas, de un lado, de los alocados incrementos del gasto durante los años de la gran expansión y, de otro, de los compromisos que todas las administraciones públicas han adquirido para asegurar la viabilidad financiera del sector público.
Como consecuencia de lo primero, la mayoría de los ayuntamientos soportan plantillas de empleados infladas, que suponen un elevado gasto corriente consolidado. Esta situación ha dejado sin apenas margen de maniobra a la mayoría de los municipios durante la crisis, ni para prestar servicios sociales ni para inversiones. Las Administraciones no están para crear empleo; están para prestar los servicios públicos que puedan prestar, de lo que se deriva unas necesidades de personal.
Respecto a lo segundo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a los municipios a un plan de ajuste que conduzca a la sostenibilidad financiera. El conjunto de municipios españoles ha pasado de presentar déficit durante la crisis a superávit el año pasado.
No han sido sólo las medidas de contención del gasto las que han permitido cambiar la situación financiera; en la mayoría de ellos se han elevado extraordinariamente los impuestos y tasas por servicios, especialmente el IBI. Este gran aumento de la presión fiscal ha provocado, en muchos casos, la pérdida del apoyo electoral y provocado el cambio político. Una lección sobre los límites de la acción pública. Algunos partidos han realizado promesas concretas durante la campaña electoral.
Algunos, como en el ayuntamiento de Madrid, prometieron la creación de un banco público. Pero han descartado su creación al día siguiente de la toma de posesión de la alcaldesa.
Otra de ellas es la de evitar desahucios. Resulta vergonzoso que en un país con una renta per cápita de 30.000 euros se produzcan con carácter generalizado. Nos tememos que esto desborda las capacidades y competencias de los ayuntamientos. Es necesario un acuerdo global que implique a más administraciones y a los bancos. Algunas entidades financieras han ofrecido soluciones imaginativas para evitar si no todos, muchos casos de desahucios.
Otra de las promesas recurrentes durante la campaña electoral ha sido la del empleo. Directamente pueden hacer poco. Pero sí pueden hacer mucho para facilitar la actividad de las empresas y los ciudadanos. En los rankings internacionales de facilidades para crear y hacer funcionar un negocio, España sigue apareciendo en lugares muy alejados de los que les correspondería por su renta. Ahí es donde pueden contribuir a hacer a las ciudades amistosas con los negocios, con impuestos razonables, facilitando las actividades productivas con la mínima intervención. Un ayuntamiento debería ser tan eficiente que los ciudadanos no notaran que existe.