Editorial
EXPANSIÓN
La trayectoria presupuestaria de las comunidades autónomas, que cerraron el año pasado con un aumento de su déficit público global hasta el 1,66% del PIB (frente al 1,52% registrado el ejercicio anterior y el objetivo del 1% que les había marcado Hacienda), y la resistencia del Gobierno central a aplicar las medidas contempladas en la Ley de Estabilidad para evitar nuevas desviaciones no invitan al optimismo ante el reto hercúleo de reducir el déficit del Estado hasta el 4,2% del PIB este año. De ahí que la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), el organismo creado por imposición de la UE para supervisar preventivamente la evolución de las cuentas públicas, alertase ayer de que si no se corrige la deriva actual será imposible cumplir lo prometido a las autoridades comunitarias, máxime en un año en el que se van a encadenar al menos cuatro convocatorias electorales.
Ni siquiera el esperado aumento de la recaudación fiscal serviría como muro de contención. Cabe recordar que, a pesar de que el año pasado se lograron niveles récord en los ingresos por IRPF e IVA, según las cifras publicadas ayer por Hacienda, que impulsaron el conjunto de la recaudación tributaria en un 3,6%, hasta 174.987 millones de euros, se produjo una ligera desviación en el tope de déficit público que se impuso el Gobierno, un 5,5% del PIB, tres décimas más exigente que el objetivo establecido por la Comisión Europea, por lo que finalmente el desequilibrio se situó en el 5,72% del PIB. Al pesimismo de la Airef contribuye el hecho de que los presupuestos aprobados por la mayoría de los gobiernos autonómicos para este año apenas contribuyen a remediar este problema, lo que, a su juicio, hace aventurar que se producirá una desviación similar a la de 2014, que superó las seis décimas. Bien al contrario, los ejecutivos regionales fían casi en exclusiva el cumplimiento de los objetivos de déficit al nuevo sistema de financiación autonómica que empezará a negociarse a partir del mes de julio.
Pero el “elevado riesgo de incumplimiento” que detecta el ente supervisor para nueve de las diecisiete comunidades autónomas aconseja actuar antes de que el descontrol presupuestario de estas administraciones territoriales pueda comprometer al conjunto del Estado. El Gobierno ha vaticinado cinco años de bonanza para la economía española si se mantiene inalterado el rumbo de la política económica, y eso debería servir también para las medidas de estabilidad presupuestaria.