Editorial
EXPANSIÓN
Las comunidades autónomas terminaron el ejercicio 2014 sin haber podido resolver satisfactoriamente el compromiso fiscal que el Gobierno les había marcado para el año. Las cuentas regionales cerraron con un déficit del 1,7% del PIB, siete décimas más que lo que habían comprometido. Es cierto que el sistema de financiación autonómica retarda los efectos fiscales de la recuperación para estas administraciones en dos años. Sin embargo, un análisis detallado de lo que gastaron e ingresaron durante ese período, a tenor de los datos de la Intervención General, arroja ciertas preocupaciones. Ocho Gobiernos autonómicos incrementaron sus partidas pese a las consignas de austeridad, siendo Cataluña el territorio con mayor desvío, al gastar 940 millones más que en 2013
Las autonomías no solo incumplieron el objetivo, sino que se desviaron incluso más que el año anterior. Se trata de un riesgo creciente en las percepciones de instituciones y analistas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) considera improbable que en 2015 puedan volver a la senda de la estabilidad, y predice una desviación similar a la registrada en el ejercicio anterior. El organismo, que acaba de iniciar su andadura, ha centrado el grueso de las alarmas en las regiones, y ha pedido que se apliquen los mecanismos correctivos previstos en la Ley de Estabilidad.
Las alarmas trascienden las fronteras españolas. La Comisión Europea, en su informe semestral, también se pregunta por qué el Ministerio de Hacienda no ha actuado sobre los incumplimientos autonómicos. La agencia de calificación Moody’s también percibe el “deterioro fiscal” y asegura esperar poco de las autonomías durante un año de elecciones. Efectivamente, este año lleno de citas con las urnas tiene un doble peligro: la tendencia electoralista de elevar el gasto para ganar votos, y la parálisis posterior que a menudo se produce tras las renovaciones de los Gobiernos, tanto locales, como autonómicos y estatales.
El Gobierno ha comprobado recientemente cómo una senda creíble de consolidación fiscal es la antesala de la confianza y la recuperación económicas, y sería incomprensible que abandonara ahora cualquier esfuerzo para embridar las finanzas territoriales. La financiación gratuita a las autonomías, si no está acompañada de exigencias presupuestarias, puede ser un estímulo negativo para muchos gobernantes.