Editorial

DIARIO DE SEVILLA
La tercera votación de investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía arrojó exactamente el mismo resultado que las anteriores: 47 votos a favor y 62 en contra. Estaba cantado, tras el fracaso de las negociaciones con los cuatro grupos de la oposición en busca de la abstención de algunos de ellos a fin de hacer valer la mayoría relativa del Grupo Socialista, el único que respalda a la candidata y presidenta en funciones. La investigación judicial abierta sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de la explotación minera de Aznalcóllar vino a añadir un nuevo elemento de dificultad a la tarea de encontrar aliados por parte del PSOE gobernante. La presidenta Díaz afirmó ante los diputados de su grupo que no está dispuesta a supeditar su investidura a los eventuales pactos e intercambios de apoyos que tras las elecciones del próximo día 24 puedan ser necesarios en numerosos ayuntamientos andaluces y del resto de España y en las comunidades autónomas que también celebran comicios en la fecha citada. No obstante, con los posicionamientos que las distintas fuerzas políticas vienen adoptando, es justamente en el marco de los pactos poselectorales en el que existiría la posibilidad de aunar voluntades e intereses para hacer posible la investidura de Susana Díaz. La otra salida real a la crisis institucional que vive Andalucía desde el 22 de marzo sería la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas. A ellas se refirió expresamente ayer la presidenta en funciones como una opción previsible al no ver otro remedio ante el atasco de la investidura. La «solución» es mala. Aparte de suponer el reconocimiento de un fracaso, significaría endosar a los ciudadanos la responsabilidad de arreglar con sus votos lo que los partidos políticos no han sido capaces de solucionar con los votos que les dieron los andaluces hace apenas dos meses. Con todo, las elecciones tendrían que ser convocadas en julio, al cumplirse el plazo estatutario de dos meses desde la primera votación de la investidura (fue el 5 de mayo) , y celebrarse en septiembre, coincidiendo en el tiempo con las elecciones catalanas igualmente adelantadas por Artur Mas. Y se harán sin ninguna garantía de que los resultados permitieran una mayoría más sólida que la actualmente reflejada en el Parlamento regional. De todos modos, entre el momento en que Susana Díaz decidió romper el bipartito, disolver la Cámara y convocar elecciones anticipadas y el hipotético día en que la situación pueda estabilizarse habrá transcurrido un periodo de muchos meses sin que haya en la comunidad autónoma el gobierno estable que se pretendía. Andalucía no puede permitirse ese lujo.
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