Ignacio Camacho
ABC
Alguna vez tenía que ocurrir que Susana Díaz encontrase un socio de investidura. Y ha hallado el más sensato de los posibles habida cuenta de que no estaba dispuesta a pactar –lo que significa conceder algo a cambio– con el PP. El acuerdo con Ciudadanos la aleja de la influencia radical de Podemos, le distancia de la estrategia de Pedro Sánchez y permite a Albert Rivera cumplir el papel estabilizador, central y equidistante que desea: apoyar al PSOE en Andalucía y al PP en Madrid, respetando en ambos casos a los partidos más votados. Es un pacto lógico, moderado e inobjetable. Pero…
Pero queda un sabor agridulce porque estos dos meses de Gobierno en funciones tal vez hayan sido el mejor período reciente de la autonomía andaluza. Una etapa en la que la Administración y las instituciones han funcionado con una estable rutina sin las interferencias convulsas de la política. En la que no se ha derrochado el dinero en derramas clientelares, ni se han colocado centenares de nuevos enchufados, ni se han producido los sobresaltos espasmódicos de un Parlamento autoobligado a legislar por encima no de sus posibilidades sino de nuestras necesidades. No existía vacío de poder porque había una presidenta y un Gabinete, que además eran los mismos que habían ganado las elecciones de marzo; sólo que no podían tomar decisiones de gasto fuera de la estricta gestión reglamentaria del presupuesto aprobado.
Nadie se ha sentido desgobernado en Andalucía. De hecho, el tiempo de impasse apenas se diferencia del primer año y medio largo de susanato, una fase en la que tampoco ocurrió sustancialmente nada. Y quizá la convocatoria de nuevos comicios para septiembre, que con toda probabilidad hubiesen confirmado –escaño arriba, escaño abajo– la vigente correlación de fuerzas, habría proporcionado a la comunidad el semestre más confortable y equilibrado de los últimos años. Con las manos de los políticos fuera de la masa presupuestaria.
Claro que esta estabilidad involuntaria o sobrevenida cuestionaba de forma severa la propia virtualidad del régimen autonómico. También ponía de manifiesto la prescindibilidad flagrante del adelanto electoral, un costoso capricho de Díaz que al final ha acabado dejándola exactamente en el mismo sitio pero sin un socio firme. Esas dos grietas de prestigio motivaban su altiva contrariedad con un bloqueo que ella misma había provocado. La segunda tenía, como se ha visto, solución, aunque tardía y tal vez precaria. La primera, en cambio, la que evidencia el superfluo sobrepeso de una autonomía hipertrofiada, tiene peor remedio. Porque los andaluces no han echado en absoluto de menos la intervención dirigista de la autonomía. Porque los servicios no han empeorado, que ya es, ni se ha colapsado nada. Y porque en este breve ciclo de aparente orfandad, de inocuo trantrán administrativo, hasta ha disminuido por pura inercia el paro.