JOSÉ RAMÓN DEL RÍO
Dicen que la muerte iguala a todos. Pero las consecuencias del fallecimiento para los herederos no son iguales, en lo que respecta al impuesto que deben pagar, no en función de la cuantía de lo heredado, que sería algo lógico, sino por la comunidad autónoma en la que el fallecido tenía su domicilio . El principio de igualdad ante la ley sufre así una de sus quiebras más importantes.
Hace pocos días, en periódicos que edita el Grupo Joly se publicaba un reportaje en el que se refería que, como consecuencia de la crisis, las renuncias de las herencias se han cuadriplicado, porque si la herencia se acepta y no se tiene la precaución de hacerse a beneficio de inventario (que no es algo sencillo, porque hay que iniciar una actuación judicial, inventariando bienes, con citación de los acreedores, para conocer lo que puede quedar después de pagar deudas y el impuesto), el heredero puede responder de las deudas del fallecido, incluso con sus bienes propios. Este incremento no es sólo consecuencia de la crisis, sino porque los tipos impositivos del impuesto son muy elevados y, lo que es peor, al valor catastral de los inmuebles se le aplica un coeficiente multiplicador que varía en cada pueblo de cada provincia y que origina una valoración de la propiedad que se hereda, muchas veces superior al precio del mercado.
A ello se unen los gastos, en su caso, de la declaración de herederos, si el finado no hizo testamento, de la protocolización de las operaciones particionales, de la inscripción en el Registro y de la plusvalía municipal. Conscientes de que ya es bastante desgracia la muerte de un familiar, las comunidades autónomas, a las que por ignoradas razones se les deja legislar a cada una como quieran como si la muerte no fuera un hecho universal, sino una particularidad regional, se enfrentan con esta cuestión, y 13 de las 17 existentes, prácticamente, han hecho desaparecer el Impuesto de Sucesiones. Sin embargo, aquí en Andalucía se mantiene el impuesto, en todo su rigor, como si fuéramos los más ricos, y como no lo somos, se recauda menos del 3% del presupuesto, pero ocasiona la ruina de negocios y familias. Encima, tenemos en el IRPF el tipo marginal máximo del 56%, provocando con todo ello, la huida de residentes y empresas. A la desgracia de ser ciego en Granada los andaluces podemos añadir la de contribuir en Andalucía .
JOSÉ RAMÓN DEL RÍO
GRANADA HOY