EDITORIAL
La fragmentación del mercado interior en España es uno de los problemas que denuncian de forma recurrente empresarios e inversores. Y es que la maraña burocrática creada por las diferentes administraciones públicas, en muchas ocasiones con normas contradictorias entre sí o directamente incompatibles, se ha convertido en un fuerte desincentivo para invertir en nuestro país, cuyas consecuencias perniciosas no sólo las sufren las empresas, sino también los ciudadanos en forma de mayores precios, menos puestos de trabajo y menor oferta disponible. De ahí que los intentos de este Gobierno y el anterior para restablecer la resquebrajada unidad del mercado interno hayan sido bien recibidos. Sin embargo, la resistencia de determinados gobiernos autonómicos y ayuntamientos a simplificar y homogeneizar sus normativas frustró el proyecto del Ejecutivo socialista, articulado en torno a la trasposición de la directiva europea de liberalización de los servicios, y amenaza con hacer lo mismo con la Ley de Unidad de Mercado aprobada hace un año.
Las quejas recibidas por el Consejo de Unidad de Mercado, el órgano creado por esta ley para garantizar su adecuado cumplimiento, constatan la permanencia de excesivas trabas burocráticas que frenan la actividad empresarial en España en numerosos sectores: turismo, agricultura, sanidad, educación, la industria del juego, etcétera. Cuatro autonomías (Cataluña, Andalucía, Canarias y País Vasco) recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional. Estos obstáculos van a minimizar el impacto positivo que esta ley pueda tener sobre la recuperación de la economía española, que el Gobierno cifró en 1.500 millones de euros al año cuando fue aprobada.
Las autoridades europeas han mostrado su preocupación por la dilución de esta norma en sus primeros doce meses de vida. Hace poco, una delegación de la Comisión Europea, el BCE y el FMI (la llamada ‘troika’), que aún mantiene una estrecha supervisión sobre la evolución económica de España aunque sus resoluciones ya no sean vinculantes tras el fin del rescate bancario a finales de 2013, se reunió con dirigentes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para analizar lo sucedido y, sobre todo, por qué no se ha impuesto ninguna sanción pese a los flagrantes incumplimientos. Cabe, por tanto, exigir al Ejecutivo más exigencia con las administraciones díscolas y garantice el efectivo restablecimiento de la unidad de mercado.