EDITORIAL
La celebración, mañana, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde deberá validarse la condonación de los intereses de los préstamos concedidos por Hacienda a través del Fondo de Liquidez Autonómica y del Plan de Proveedores para rescatar a las comunidades autónomas y ayuntamientos con déficit excesivo, será más movida de lo que hubiera podido esperar el ministro Cristóbal Montoro. Si bien se da por segura la aprobación de la propuesta de quita, teniendo en cuenta el voto mayoritario del Gobierno en este foro de coordinación presupuestaria con las comunidades autónomas, además del apoyo de los gobiernos regionales que se beneficiarán de esta fórmula, también está garantizado que las autonomías que se sienten discriminadas por este trato de favor a las comunidades incumplidoras tratarán de dar batalla.
Madrid, Galicia, Aragón y Castilla y León consideran que la liquidez adicional que obtendrán los Ejecutivos autonómicos que han debido ser auxiliados por Hacienda para mantenerse a flote, estimada en unos 2.000 millones de euros, les deja en peores condiciones de cara al próximo año, en el que se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Por eso exigen al Ministerio que dé un trato igualitario a todas las comunidades, sin que ello suponga obligarles a acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica, para evitar el estigma que eso supondrá ante los mercados e inversores. Los gobiernos regionales que han venido ajustándose a los objetivos de déficit marcados por Hacienda, realizando para ello ingentes esfuerzos, han preferido financiarse por las vías tradicionales, lo que, frente a la financiación a futuro al 0% que ofrecerá el Gobierno a las autonomías con excesivos déficit y deuda, les supondrá tener que cargar con mayores costes financieros pese a que sus cuentas estén más saneadas. El riesgo moral inherente a esta enésima medida de gracia de Montoro hacia las autonomías incumplidoras es extender la percepción de que el Estado siempre acabará saliendo en su rescate y que, por tanto, no compensa llevar a cabo los sacrificios necesarios para amoldarse a la senda de reducción del déficit para los próximos ejercicios.
Hacienda debe asegurarse de que el margen adicional que facilitará a las autonomías se empleará en reducir sus déficits y no en incrementar el gasto público de cara a los comicios de mayo. España tiene que reducir su déficit al 4,2% del PIB en 2015 y para ello la contribución de las autonomías será determinante.