SALVADOR ARANCIBIA
Las grandes compañías nacionales parecen decididas a poner el foco de la situación económica nacional en que el alto nivel de paro existente frena las posibilidades de crecimiento de la actividad. El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC)presentó hace apenas dos semanas un informe sobre las medidas que, en su opinión, cabría poner en marcha para que se crearan más de dos millones de empleos hasta 2018. BBVA y la Fundación Sagardoyhan elaborado otro documento en el que se propone una vez más simplificar el tipo de contratos y modificar la estructura de formación de las cantidades que las empresas deberían disponer para indemnizar a sus trabajadores por si proceden, por causa justificada, a despedir.
Parece que las grandes compañías españolas, las que forman parte del CEC de forma global pero también algunas de forma individual, han pasado página de la crisis en la medida en que existe la convicción de que el crecimiento del producto interior bruto nacional está asegurado (otra cosa es en qué medida) y en lo que se centran ahora es en buscar fórmulas que en su opinión pueden ayudar a conseguir un mayor crecimiento y, sobre todo, reducir los elevados niveles de paro que suponen el principal problema e impiden que la sociedad en general perciba que realmente la situación económica es mejor que la de hace un par de años. César Alierta, como máximo representante del CEC, presentó un paquete de medidas con el objetivo de reducir al máximo la economía sumergida y permitir que se afloren varios cientos de miles de empleos y que se favorezca el crecimiento de las empresas de forma que se duplique el número de las medianas y de esta forma aumentar la productividad y hacer más estable su internacionalización.
En paralelo, aunque desde otra óptica, Rafael Doménech, BBVA, e Íñigo Sagardoy, por la fundación del mismo nombre, plantean la posibilidad de reducir a tres el número de contratos (indefinido, temporal y de formación) al tiempo que modificar formalmente los mecanismos de indemnización por despido procedente.
La propuesta consiste, en primer lugar y es lo complicado, en que las empresas reconozcan que deben hacer provisiones periódicas para eventuales reducciones de plantilla y que los trabajadores deberían aceptar que esas indemnizaciones forman parte del coste salarial e incluso de su salario bruto. La fórmula propuesta consiste en que se dedique el salario equivalente a 8 días por año trabajado a nutrir una cuenta personal de cada trabajador que se movilizaría en el momento del despido, o cuando cese la relación laboral por cualquier causa, a lo que se uniría otra parte, si hubiera despido, que oscilaría en función de la antigüedad laboral. Iría desde cero para el primer año hasta doce días por año trabajado a partir de cuatro años.
La propuesta tiene un hecho objetivo: la indemnización por despido para los nuevos contratos sería, en los tres primeros años, inferior a la ahora existente, que es de 20 días por año. Ello supondría un menor coste para las empresas, lo que, quizás, podría favorecer la contratación indefinida frente a la temporal.
Y tendría, al tiempo, una ventaja evidente en la medida en que las empresas irían dotando un fondo con las aportaciones anuales para cubrir eventuales despidos que, si no se produjeran, acabaría revirtiendo en los trabajadores ya que dispondrían de esas cantidades cuando cesara la relación laboral.
Es posible que no sea la solución idónea o que no sea el momento para ponerla en marcha, pero lo cierto es que nunca está de más que se planteen alternativas a la situación existente porque, por ejemplo, en la crisis muchas indemnizaciones por despido han sido pagadas finalmente por el Fogasa, no por las empresas, con una importante reducción respecto a la que tenía derecho el trabajador despedido.