Ester Pérez Lorences, de 55 años, catedrática de Fisiología Vegetal de la Universidad de Valencia desde 2007, estaba a punto de comenzar el segundo ejercicio de una oposición en diciembre de 1998 cuando el tribunal solicitó su presencia a puerta cerrada. Tras marearla con que le faltaba un papel, le dijeron: “Esta plaza no te toca; no te presentes”. Pérez Lorences desistió. Ese examen en Valencia era para ella poco más que un ensayo. Lo que quería, 10 años después, era volver a casa, y la Universidad de León había convocado para dos meses más tarde una plaza a la que tenía previsto presentarse. Cuando llegó, no la esperaban. “El presidente me dijo: ‘¿Qué haces aquí?’. No sé la razón pero el puesto estaba adjudicado”. Se lo dieron a su único competidor, Jesús Miguel Álvarez Fernández, el candidato local.
El episodio sigue vivo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en 2012 el nombramiento de Álvarez —que recurrió al Constitucional— al considerar que la institución no se había ajustado a los principios de igualdad, mérito y capacidad y obligó a adjudicar el puesto a Pérez Lorences. Hace dos semanas tomó posesión y pidió una excedencia. “Mi vida ha cambiado. No podría volver a León. No creo que el ambiente de trabajo fuera el idóneo. Además, mis hijas han empezado la universidad, mi marido trabaja en Valencia, donde soy catedrática desde hace siete años…”.
La historia está salpicada de casos que ilustran que la Universidad española se nutre de personas que ha formado evitando muchas veces la competencia que favorece elegir a los mejores, y no siempre con mecanismos limpios. Luis Sanz-Menéndez, investigador del CSIC, ha contabilizado 35 anulaciones de plazas por tribunales superiores en 20 años. Ocurre muchas más veces de las que llegan a los juzgados, la buena noticia es que ocurre cada vez menos.
EL PAÍS ha tenido acceso a las primeras cifras oficiales sobre el fenómeno de la endogamia. El Ministerio de Educación, que ha declinado participar en este reportaje, calcula que el 73% del cuerpo docente de la universidad pública del curso 2013-14 estudió en el centro en el que está contratado. La estadística provisional cruza la institución en que trabaja un docente o investigador con aquella donde ha leído la tesis. Lo que no refleja es si, entre un paso y el siguiente, ha hecho carrera en otro campus. El comité de expertos nombrado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para la reforma universitaria expuso las consecuencias de esta práctica en un informe que duerme el sueño de los justos desde febrero de 2013. “España no ha tenido un premio Nobel científico desde hace más de un siglo: el único lo obtuvo Santiago Ramón y Cajal en 1906 (…). En el polo opuesto se puede situar al Trinity College, con 32, pese a ser un college entre la treintena que tiene Cambridge (…). El sistema universitario público español tuvo 401 patentes en 2010. (…) Como comparación, un solo profesor del MIT, Robert Langer, tiene 811”.
Las clasificaciones internacionales reflejan esta realidad: solo la Universidad de Barcelona ha logrado situarse entre las 200 primeras del mundo en la lista de Shanghái. “Si no nos exponemos a diferentes formas de pensar la ciencia, es difícil que entren nuevas ideas”, dice Louise McNally, vicerrectora de profesorado de la Universidad Pompeu Fabra.
Charles W. Elliot, exrector de Harvard (EE UU), vio clara esta relación entre endogamia y baja productividad y en 1909 advirtió de que había que atajarla. Todas las universidades del país se sumaron al debate y decidieron no contratar a sus doctores hasta pasado el tiempo. No hizo falta ley alguna. Para mediados de siglo habían resuelto el problema. La endogamia solo resistía, y muy suavizada, en facultades de leyes y en algunos Estados del sur.
El talonario atrae mejor el talento, y el que las universidades españolas estén atadas de pies y manos para ofrecer sueldos individualizados es un lastre, coinciden los expertos. Pero ese es solo uno de los problemas para combatir la endogamia de la Universidad española, muy alejada de Europa en inversión en I+D (casi un punto menos, con un 1,24% del PIB) y que ha visto mermar casi el 14% sus presupuestos desde 2010.
“En los sistemas de gobernanza, lo que cuenta hasta para ser jefe de departamento son las lealtades y los votos”, explica SanzMenéndez, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense de Madrid (UCM). “La universidad es como un juego político: favorece la formación de coaliciones espurias”. El rector se elige entre los miembros del campus para cuatro años mediante elecciones —con voto ponderado— dentro de la comunidad universitaria. “Necesita los votos y busca lealtades. Ha habido intentos de cambiarlo, pero si la universidad dice que no, no hay Gobierno que se atreva”, añade.
La selección del profesorado se descentralizó en 1983. Hasta entonces, se convocaba una oposición única por área de conocimiento a la que concurría gente de toda España. Quienes más puntos sacaban, elegían destino. Dejarlo en manos de las universidades favoreció sonadas polémicas recogidas por revistas como Nature y Science. En 2001, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) volvió a recentralizar el proceso, pero la presión de muchos campus, que boicotearon el sistema, hizo que decayera en 2007.
La revista Cronicle of Higher Education recogía ese año el caso de Victoria López Rodas, hoy catedrática en la UCM, que pese a tener 25 años de experiencia en facultades de Veterinaria, haber publicado 58 artículos y tener patentes a su nombre (hoy siete), quedó fuera de la cátedra de Genética en cuatro ocasiones. “En los tribunales quien no tiene padrino no se bautiza, y yo no tenía padrinos; simplemente tenía trabajos”, recuerda. “Todos los que lograron las plazas tenían méritos suficientes. Eso sí, quizá yo tenía más. Sentí una doble injusticia, porque muchas veces quienes te juzgan tienen menos currículum que tú”.
Desde 2007 quien acredita es la agencia nacional Aneca, muy cuestionada por los expertos de Wert, y una comisión de la propia universidad —formada por los miembros que fijen los estatutos de cada campus— decide a quién otorgar las plazas.
Solo unos datos. Según el estudio de Sanz-Menéndez y Laura Cruz, del CSIC, en 2006, en el 95% de los casos el docente que ganó una plaza ya trabajaba en el centro donde logró un puesto fijo; el 70% no tuvo ningún contrincante. El 69% logró colocarse en la autonomía donde nació.
“El problema no se plantea bien si se habla de endogamia”, dice el presidente de los rectores, Manuel López. “El problema es de falta de movilidad. Hay que buscar incentivos”. Salvador Barberá, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), coincide: “La cuestión se ha agudizado con la creación de tantas universidades ligadas a cada comunidad autónoma”.
La Universidad de Málaga (UMA) ha sido cuestionada en más de una ocasión por endogámica. La última vez fue este otoño, tras conocerse que en agosto había convocado cinco plazas a las que se presentaron nueve aspirantes, siete de la propia institución. En el concurso para impartir Audiovisual solo hubo una candidata: la vicedecana de la facultad, que se ha hecho con el puesto. “La convocatoria es pública como estipula la ley. Si no hay más candidatos…”, justifica su vicerrectora de Ordenación Académica, María José Blanca. A la plaza de Fisiología Vegetal se presentó también una persona, empleada ya en la Universidad. “Me parecen exageradas las críticas sobre endogamia. Para concurrir a estas plazas uno tiene que tener la acreditación de la Aneca. Son personas con un perfil adecuado para docencia e investigación”, dice.
Los expertos recomiendan a Wert que impida que las universidades contraten a un doctor propio salvo que haya estado en el exterior al menos tres años. Es un asunto polémico. ¿Por qué no hacerlo si es excelente? “Este sistema de no contratar al personal que estás formando y que ya está en ciertas líneas de investigación consolidadas no me parece adecuado”, indica Blanca. “E incluso creo que atenta contra la igualdad de acceso a la función pública”. Jordi Caballé, catedrático de Economía de la UAB, matiza: “Un jurista podría decir que es inconstitucional. Pero en EE UU, por ejemplo, no está prohibido por ley, pero hay un consenso. ¿Qué ocurre aquí? Que muchas veces prefieren el sistema feudal, se encuentran más cómodos porque les exigen menos. Hay que conseguir que, cada vez más, la provisión de fondos de los departamentos esté condicionada a la productividad. Se darán cuenta de que este sistema no lleva a tener investigadores competentes”.
La propuesta ya ha empezado a calar. Las facultades de Económicas de la UAB y las Universidades Pompeu Fabra, Carlos III y Alicante adoptaron hace años esta política, convencidos de que la forma de caminar hacia una universidad de excelencia es un sistema de reclutamiento de profesores similar al que emplean en países como EE UU: el tenure track. “El momento clave debería ser la entrada en la universidad —con una fuerte y transparente competencia— y la aceptación social de que siete años más tarde, si no has rendido científicamente, te tienes que ir”, dice Barberá. Lo que hacen estas facultades es lanzar a sus doctores a competir en los mercados de economistas y reclutar a otros de fuera.
Algunas iniciativas han tratado en los últimos años de poner coto a la endogamia. El consejero catalán de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, impulsó en 2001, cuando era titular de Universidades, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), que lo que hace básicamente es buscar talento a través de una convocatoria internacional, atraerlo con dinero público —la Generalitat paga sus sueldos individualizados hasta que se jubilan— y empotrarlo en las universidades y centros de investigación. “La falta de participación externa ha sido una fuente de limitación de la competitividad y nos planteamos qué se podía hacer. Había que inyectar talento en el sistema. Es imposible una universidad de primera si no tiene talento de primera. Además, se ha demostrado cierto que el talento atrae mucho dinero”, asevera Mas-Colell.
ICREA, con un presupuesto anual de unos 24 millones, ha contratado desde sus inicios a 307 investigadores de muy diversas especialidades. La Generalitat calcula que por cada millón gastado, los investigadores reportan tres: en 2012 fueron 61,55 millones.
Pero ICREA, igual que Ikerbasque, la iniciativa homóloga promovida por el Gobierno vasco en 2007, no deja de ser un parche cuya existencia no tendría razón de ser en un sistema más flexible. “La universidad ha cambiado y mejorado muchísimo en 30 años”, opina Mas-Colell. “Pero si la miras en el contexto europeo, nos lastran vicios históricos y una estructura funcionarial. Las reformas solo necesitan un poco de voluntad política. No hace falta una revolución drástica, basta con cambios, sobre todo en la gobernanza, que hagan que las universidades pasen de ser instituciones muy rígidas a instituciones ágiles. Solo eso ayudaría mucho”.
El Ministerio de Educación no sabe, no contesta.