Joaquín Aurioles
GRANADA HOY
La Andalucía que encontrará el Gobierno que salga de las urnas el próximo 22 de marzo estará lejos de abandonar la crisis, con una administración en ruinas y con un gran batería de reformas estructurales pendiente. Aunque todo parece indicar que la recuperación del crecimiento ya se ha iniciado, es poco probable que Andalucía consiga abandonar la crisis antes de finalizar la próxima legislatura. Desde un punto de vista técnico, una economía no deja de estar en crisis por el hecho de comenzar a crecer, sino cuando consigue llevar su nivel de actividad hasta las proximidades de su potencial, es decir, cuando el grado de utilización de su capacidad productiva es elevado y el desempleo se reduce hasta su tasa natural.
Según la Organización Mundial del Trabajo, la tasa de paro española permanecerá por encima del 20% durante la próxima legislatura, lo que significa que en Andalucía será mayor y que estaremos durante algún tiempo produciendo por debajo de las posibilidades que permiten la cantidad y calidad de los recursos productivos existentes. Sería deseable, en consecuencia, el mantenimiento de un tono expansivo en las políticas económicas coyunturales, aunque es poco probable que el Banco Central Europeo (BCE) se atreva a llevar tan lejos sus programas de estímulos monetarios, salvo que lo aconseje la persistencia de un problema de deflación, y que los compromisos fiscales de los gobiernos lo permitan.
En Andalucía, y dada la resistencia de la Junta a impulsar reformas estructurales, nada invita a esperar que el diferencial de diez puntos en tasa de paro con España, que se arrastra desde la década de los 80, se pueda corregir en los próximos años. Cuando Andalucía comience a abandonar la crisis, su tasa natural de desempleo seguirá siendo una de las más altas de Europa y su economía una de las menos eficientes. Con un volumen extraordinariamente elevado de recursos infrautilizados, el futuro gobierno de Andalucía seguirá teniendo ante sí el reto de reducir su elevado desempleo estructural, para cuya corrección no será suficiente con los estímulos a la demanda, sino que se necesitan reformas que permitan incrementar el potencial productivo de su economía.
Andalucía necesita un gobierno que aborde el problema educativo, el deterioro de las infraestructuras, el medio ambiente, etc. pero que también sea capaz de dar un enfoque integrado al apoyo a emprendedores, a la completa redefinición de las políticas activas de empleo y a la reforma del sector público. En parte por el agotamiento de los fondos, pero también por los escándalos de corrupción, en los últimos años se ha desactivado una parte importante de la malla de gravámenes que, en forma de cursos de capacitación y similares, imponía el clúster pseudo-institucional integrado por la Junta de Andalucía y las organizaciones empresariales y sindicales.
Sus implicaciones burocráticas, sin embargo, permanecen en forma de administración, en buena parte paralela, responsable de las correspondientes certificaciones y licencias que continúan interfiriendo en la actividad productiva, a la espera de la prometida auditoría para la racionalización del sector público andaluz.