EL PAÍS
Los expertos del IVIE piden crear fondos de reserva en tiempos de bonanzas
En la travesía por la mayor crisis de la historia reciente, al Estado del bienestar se le han abierto graves vías de agua en sanidad, educación y otras prestaciones, como las políticas de dependencia, pero el mantenimiento del esfuerzo en pensiones y el pago de las prestaciones por desempleo limitan las pérdidas. “El Estado del bienestar ha sufrido, sin duda, pero no se ha destruido”, sintetizó ayer el director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, en la presentación de un completo informe, en el que también ha colaborado la Fundación BBVA.
En protección social, que incluye pensiones, prestaciones por desempleo y otras políticas (dependencia, vivienda o contra la exclusión social), el gasto público real por habitante apenas bajó un 2,7% entre 2009 y 2013, último año analizado. Sin embargo, el esfuerzo público per cápita en sanidad y educación, competencia casi exclusiva de las comunidades, se recortó cerca del 21%. En conjunto, el gasto real por habitante de todas las Administraciones en lo que el IVIE cataloga como “servicios públicos fundamentales” retrocede un 10,1% entre 2009 (6.933 euros per cápita) y 2013 (6.230 euros per cápita).
El estallido de la crisis catapultó el déficit público español al 11% del PIB, y los sucesivos planes de ajuste afectaron al corazón del Estado del bienestar: el mayor cutivo que preside la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal fue el alumno más aplicado: Castilla-La Mancha ajustó el déficit del 7% del PIB regional en 2010 al 2% en 2013. Y eso se deja notar en el gasto social.
El Gobierno autónomo de Cospedal es el que más redujo el gasto per cápita en sanidad (28,5%), seguido de Canarias (un 26,6%). Una caída que contrasta con el limitado ajuste de Cantabria (un 8% menos). En educación, solo recortó más el gobierno de la Comunidad Valenciana, un 28,2%, mientras que en Castilla-La Mancha y Cataluña el ajuste fue del 26,5%. En el extremo contrario, Asturias, que elevó el gasto un 3,2%. El ejecutivo castellano-manchego vuelve a ser el que más aplicó la tijera al gasto en prestaciones sociales (dependencia, vivienda, integración social), con un recorte del 40%, mientras que en Andalucía fue del 35% y en Baleares del 32%.
Si se tiene en cuenta el gasto de todas las administraciones, las diferencias territoriales en el esfuerzo per cápita en educación alcanzan el 55% en 2013 (en País Vasco se gastan 1.224 euros por habitante, en Comunidad de Madrid, 791) y el 45% en sanidad (1.714 euros per cápita en Asturias frente a 1.182 en Andalucía). “Esas diferencias no son compatibles con la igualdad en el acceso a servicios públicos fundamentales”, subrayó el director del IVIE.
Para Pérez, la explicación básica no está en las distintas políticas aplicadas en cada comunidad o en que las necesidades (por demografía o dispersión en el territorio) varíen, sino en los recursos recibidos, donde la brecha (entre Navarra y Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia o Castilla-La Mancha) se amplía al 60%. Como otros expertos antes, el IVIE reclama cambiar la forma de calcular la financiación foral para Navarra y País Vasco, y también corregir el sistema de régimen general, que beneficia a comunidades como Cantabria.
Además, los expertos del IVIE instan a dotar fondos de reserva para sanidad y educación, como ya se hizo con las pensiones, en los tiempos de bonanza para recurrir a ellos en periodos de crisis. Y plantean que se garantice la financiación necesaria a las comunidades para preservar un objetivo mínimo en ambas partidas.
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