EDITORIAL
El debate de ayer en el Congreso de los Diputados sobre la corrupción resultó una nueva oportunidad perdida para afrontar conjuntamente uno de los problemas más graves y devastadores de la democracia española. Ni siquiera el cese de la ministra de Sanidad por su implicación en el caso Gürtel en calidad de «partícipe a título lucrativo», según expresión de la Audiencia Nacional, ayudó a la oposición a superar su desconfianza hacia el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo que hubiera hecho posible un debate sereno y eficaz sobre el plan de medidas anticorrupción que Rajoy desgranó inútilmente.
De forma unánime los grupos de la oposición parlamentaria denunciaron la falta de credibilidad del presidente, que lo es también de un PP igualmente implicado en la red corrupta de Francisco Correa (sus tres últimos tesoreros están imputados en el escándalo y el partido se benefició asimismo de los delitos de la trama), sin que ningún dirigente haya asumido las responsabilidades políticas derivadas de este caso paradigmático de corrupción producido en el ámbito político. También es cierto que las medidas regeneradoras explicadas ayer por Mariano Rajoy ya fueron prometidas por él mismo hace más de año y medio, sin que hayan sido puestas en práctica pese a que el Gobierno está respaldado por una mayoría absoluta de diputados que no registra fisuras.
Es explicable, pues, que los partidos de la oposición hayan cerrado filas contra Rajoy y explicitado las causas de que desconfíen de su compromiso con la lucha anticorrupción. Pero también debe entenderse que de este modo el Pleno del Congreso derivó en el habitual intercambio de críticas y descalificaciones y, como ocurre en materia de corrupción, de utilización de los distintos casos de corrupción como armas arrojadizas contra el adversario («y tú más»). Habría sido más constructivo y más ajustado al interés general que del Pleno hubiera salido una decisión unánime de negociar a corto plazo un programa de medidas concretas de regeneración del sistema democrático. Rajoy propuso setenta medidas de muy distinto valor.
Las referidas a la financiación de los partidos, la suspensión de militancia de los políticos procesados por corrupción, la no condonación de deudas bancarias a los partidos, el control de las cuentas, la agilización de los procedimientos penales o la eliminación de las tarjetas de crédito de los cargos públicos son dignas de consideración y debate. El plan sería una buena base de partida para un gran pacto nacional contra la corrupción, con aportaciones de todos los grupos políticos. El sectarismo y la proximidad de las elecciones pueden hacerlo, una vez más, imposible.