Javier Tahiri
ABC
Montoro mantienen el objetivo de déficit para el próximo año pese al “motín” autonómico
La reunión entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y las comunidades autónomas acabó ayer en batalla con varios frentes abiertos. El sistema de financiación, las entregas del Gobierno a las regiones y los objetivos de estabilidad fueron los principales capítulos de polémica. Ante la rebelión de los barones regionales, que pidieron por mayoría metas de déficit más flexibles, el Gobierno impuso su propuesta y aprobó el mismo objetivo para todas. En 2016 todas las comunidades deberán reducir su desfase entre ingresos y gastos al -0,3% del PIB.
A cambio de imponer sus tesis, Hacienda anunció a las comunidades que el próximo año contarán con 7.455 millones de euros más en recursos del sistema de financiación: si este año sumaban 85.259 millones, en 2016 contarán con 92.715, un 8,75% más. Si se suman el ahorro de intereses por los préstamos a tipo cero del Estado a las comunidades, el aumento de liquidez llega a los 10.000 millones.
Cataluña será la comunidad autonómica que más financiación perciba del sistema autonómico, un 25% del total —17.225 millones, 1.861 millones más que en 2015—. De hecho, la inyección de recursos en su caso es superior al del resto de comunidades, al aumentar un 12%.
La región presidida por Artur Mas sobrepasa a Andalucía como autonomía que más percibe del sistema de financiación, ya que esta última recibirá 17.121 millones, 1.712 millones más que este año. Entre las dos absorben la mitad de las transferencias del sistema autonómico. A pesar de esta cascada de recursos, el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, señaló que el objetivo del – 0,3% era «absurdo e irreal».
Este aluvión de fondos corresponde a 2014, año en el que la actividad –y la recaudación– comenzó a repuntar. El Estado fija con las comunidades una estimación de ingresos a dos años y posteriormente liquida la diferencia. El Gobierno había sido conservador en las previsiones de crecimiento, lo que explica que ahora reparta estos 7.455 millones a las comunidades.
El objetivo del ministerio es garantizar que esta inyección de recursos se materialice en una reducción del déficit público de las comunidades. «El Gobierno garantiza que los nuevos recursos se destinarán a la reducción del déficit público. Cualquier intención de gastar más el próximo año es imposible de acuerdo con la aplicación de la Ley de Estabilidad», afirmó Montoro. Pese a ello, consejeros como el de Murcia lamentaron a la salida del encuentro que este aumento de la financiación es inferior, en varios casos, al ajuste por hacer el próximo año.
Así, las diferencias políticas y territoriales se volvieron a dar cita en el encuentro. La mayoría de las comunidades votaron en contra de la propuesta de Hacienda, que logró hacer valer su tesis gracias al sistema de votación. Si sólo una región apoya al ministerio, la propuesta de Hacienda se impone.
El vuelco electoral del pasado 25 de mayo se reflejó en la votación. Diez regiones –seis de ellas, socialistas– se opusieron a la propuesta del ministerio frente a nueve que la apoyaron.
Entre los barones críticos estuvieron Cataluña, Andalucía, Cantabria, Asturias, Extremadura, Castilla- La Mancha, Baleares, Canarias, Valencia y Aragón. En cambio, el Gobierno tuvo el respaldo de Madrid, La Rioja, Murcia, Castilla y León, Galicia, Ceuta y Melilla. País Vasco y Navarra no suelen votar, al tener sistemas forales propios.
La posición de las comunidades venía reforzada por la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef ) que ayer hizo público que recomendaba fijar metas asimétricas para cinco comunidades autónomas hasta 2018: Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
Ajuste del Estado
Mas-Colell volvió a reclamar un reparto mayor del ajuste de déficit del Estado, que el próximo año deberá cerrar con un desfase del 2,3% frente al 0,3% autonómico. Y rechazó afrontar el ajuste correspondiente a su comunidad autónoma para 2016.
Montoro puso el énfasis en la aplicación de la regla de gasto, que contiene el desembolso público a una tasa que no puede crecer por encima del PIB. El ministro contrapuso que el ajuste entre comunidades y Estado ha sido «equilibrado». Según un estudio del ministerio, entre 2011 y 2014 el ajuste de la Administración central ha sido del 1,6% del PIB mientras que el de las comunidades asciende al 1,68%. Entre 2014 y 2018, el Estado deberá afrontar un ajuste del 4,9% del PIB y las regiones, del 3,34%. El pulso autonómico se aplaza a después de verano.