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La economía gana peso en el currículo de ESO y bachillerato

La reforma educativa del PP, la LOMCE, llegará el curso que viene a secundaria y bachillerato con cambios sustanciales en el currículo que impregnan ambas etapas de una competencia nueva: el “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”. Los nuevos currículos se publicaron en el BOE el 3 de enero tras un año de tramitación con dos borradores y seis meses de silencio por parte del Ministerio de Educación. El departamento de José Ignacio Wert convoca mañana miércoles a las comunidades autónomas para debatir con ellas un texto ya aprobado que refuerza lengua, matemáticas y ciencias, deja de lado tecnología y enseñanzas artísticas y aboga por formar más el pensamiento empresarial que el filosófico.

Las comunidades deberán adaptar el decreto en tiempo récord —la oferta de optativas debería estar clara en los centros a mitad de febrero— para que los cambios se apliquen en septiembre en los cursos impares de secundaria y en 1º de bachillerato. Los colectivos docentes han protestado por la celeridad y por el hecho de que con cada ley educativa (y van siete) se apruebe un currículo nuevo. Los sindicatos y gran parte de la oposición reclaman que se derogue una normativa que abandera el PP en solitario. Estos son algunos cambios: » Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. La asignatura, troncal en 4º de la ESO para los alumnos que opten por la vía a la Formación Profesional, prevé enseñar a crear un proyecto de empresa en el aula, o identificar las fuentes de financiación más adecuada por tipo de empresa. “La crisis nos ha hecho darnos cuenta de que la sociedad no tenía conciencia de lo que es una actividad económica”, esgrime Juan Carlos de Margarida, presidente del Registro de Economistas de Educación e Innovación. “Es una de las grandes reivindicaciones en la ESO, un gran logro con los matices que cada comunidad autónoma quiera poner”, añade Silvia Martínez, de la confederación de profesores de economía Ceape. » Filosofía. Que el Ministerio de Educación intentara poner a los profesores de Filosofía a dar clase de Actividad Empresarial —rectificó a mediados de diciembre— indica hasta qué punto estos docentes pierden peso con el nuevo currículo. El decreto de las materias filosóficas ha variado durante la tramitación “con cambios de redacción pero no modificaciones profundas y reduciendo uno de los escasos espacios de la educación en el que los alumnos pueden desarrollar su forma de pensar y el espíritu crítico”, señala Esperanza Rodríguez, profesora de Filosofía y presidenta de la Comisión de Educación de la Red Española de Filosofía. En el desarrollo, el decreto olvida a las mujeres filósofas, lamenta Rodríguez, y aplica los interrogantes filosóficos clásicos a la creación de un proyecto laboral. “Todo está cargado de mucho sesgo porque se pretenden que las grandes preguntas, como quién soy o de dónde vengo se apliquen a qué es una empresa y qué objetivos tiene”, añade esta docente.

En bachillerato, Historia de Filosofía sigue como troncal en 1º y cambia a optativa en 2º. Esta materia se incluye en la reválida que prepara el ministerio para obtener el título. “Habrá alumnos que se examinen de los contenidos que vieron el primer año sin haberlos revisado en todo el segundo”, observa Rodríguez. Educación para la Ciudadanía se diluye en una asignatura —llamada Valores Éticos en Secundaria— que será optativa y que se elige en lugar de Religión. El sindicato CC OO denunció este hecho ante la Comisión Europea hace un año porque un estudiante puede no haber cursado esa asignatura en toda su formación obligatoria y postobligatoria “vulnerando el Tratado de la Unión Europea”. Siguen a la espera de respuesta. Para el Supremo, sin embargo, “es incuestionable” que el derecho de los alumnos de segundo ciclo de ESO a decidir colectivamente la inasistencia a clase no queda supeditado en la LODE a ninguna autorización previa, al margen de “la valoración que a cada uno le merezca” el no exigir el consentimiento paterno. En este sentido, el primer apartado del artículo parcialmente anulado que se considera improcedente en el decreto dice así: “Las decisiones colectivas de inasistencia a clase adoptadas por los alumnos y alumnas deberán disponer de la correspondiente autorización de sus padres, madres, o tutores o tutoras, en el caso de que los alumnos o alumnas sean menores de edad”.

La Gonzalo Anaya aplaude el fallo. “Nuestros hijos e hijas son ciudadanos que tienen derecho a decidir colectivamente si hacen huelga o no, sin que eso se entienda como una falta de conducta o sea objeto de sanción”, declaró su portavoz, Eva Grimaltos. La Consejería de Educación acató públicamente la sentencia, pero justificó que su móvil todos estos años ha sido “garantizar la seguridad” del alumnado menor e insistió en que “no es de sentido común que una persona de 14 años abandone las clases sin la autorización de sus padres”.

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