ROGELIO VELASCO
HUELVA INFORMACIÓN
El año pasado, el Gobierno aprobó una norma que permite la contratación por parte de pymes y autónomos de nuevos empleados indefinidos durante al menos 24 meses, pagando solo una tarifa plana de 100 euros al mes. También se aplica esta tarifa plana a los empleados que pasan a ser indefinidos desde una situación de temporalidad. Bajo determinadas circunstancias, el periodo puede prolongarse un año más, hasta los 36 meses. Con independencia de que la norma sea discutible, el esquema refleja la urgencia de adoptar medidas, que tengan efectos inmediatos sobre un mercado de trabajo en el que el 24% de la población activa está desempleada.
La necesidad de generar efectos en el corto plazo, sin embargo, produce otros en el medio y largo plazo. Los datos publicados esta semana por el Ministerio de Trabajo, señalan que en el año 2014, había 8,3 millones de pensionistas, que perciben 9,3 millones de pensiones. Estas cifran suponen que, desde el inicio de la crisis en el año 2007, ambas han aumentado en un millón. Como el empleo se ha desplomado, el número de cotizantes por pensionista también lo ha hecho. Así, si en 2007 había en el sistema 2,71 cotizantes por cada pensionista, en 2014 esa cifra se redujo hasta 2,25. En realidad, la cifra es aún menor, porque los desempleados no cotizan, pero el gobierno contribuye por ellos, de manera que, si se consolidan las cuentas del sector público, esa cifra se reduce aún más hasta un nivel de 1,97 cotizantes por pensionista. Como resultado, las cotizaciones de la seguridad social han dejado de ser suficientes para afrontar el pago de las pensiones. El llamado fondo de reserva o hucha, creado en 1995 para hacer frente a pagos en el futuro, fue creciendo de forma ininterrumpida hasta el año 2011, alcanzando la cifra de más de 66.000 millones de euros. Pero ya en el año 2012 hubo que recurrir a esa hucha para pagar las pensiones. Desde entonces, en sólo 3 años, el volumen del fondo se ha reducido en casi un 40%, menos de 50.000 millones.
La razón estriba, sobre todo, en el menor número de cotizantes y en el mayor de pensionistas y pensiones a pagar. Pero también en la gran caída de rentabilidad del propio fondo, que invierte desde hace años la totalidad de sus recursos en deuda pública española. La rentabilidad de ésta se ha reducido drásticamente, encontrándose en estos momentos el tipo de la deuda a 10 años por debajo del 2%. La tarifa plana de 100 euros ha estimulado el empleo, pero genera problemas futuros para las pensiones. Un cálculo rápido nos indica que los 300.000 empleos generados el año pasado aportaron una cotización de unos 300 millones de euros. Si hubiesen cotizado a un tipo normal, la recaudación se hubiese elevado hasta los 1.900 millones. Es de prever que este año la situación mejore algo. La tasa de ocupación debe seguir creciendo para que, en el año 2020, la situación financiera de la seguridad social vuelva a ser positiva, algo que importa especialmente a Andalucía, que fue la única Comunicad, junto a Canarias, en la que el pasado año esa tasa se redujo. En cinco años pueden ocurrir muchas cosas. Pero esperemos que el empleo aumente y lo haga sin ayudas de emergencia -como la tarifa plana- del Gobierno.