JOAQUÍN AURIOLES
HUELVA INFORMACIÓN
El millón de parados registrados en las oficinas de empleo andaluzas a finales de 2014 ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones, la mayoría de ellas interesadas y en algunos casos incluso esperpénticas. La de sindicatos y partidos de oposición, por su resistencia a reconocer que 250.000 parados menos que hace un año supone un gran dato, que permite hablar sin paliativos de ruptura de una trayectoria depresiva sin precedentes, a pesar del negro historial laboral de la comunidad.
En el otro extremo del arco político, los responsables del Gobierno dispuestos a coger los frutos de sus reformas, no sólo antes de que maduren, sino también ignorando su raquítico estado y los elevados costes sociales que ha provocado (desigualdad, condiciones de trabajo abusivas en jóvenes e inmigrantes, expulsión del mercado de los parados de mayor edad, etc.). Entre las más estrambóticas hay que señalar la de la presidenta de la Junta, que se atrevió a decir que Andalucía ha estado tirando del carro de la creación de empleo en España durante el mes de diciembre. A pocos meses del maratón electoral (municipal, general y andaluz) entre la primavera de este año y el verano del que viene, habrá que comenzar a preparar el oído y el estómago para convivir con este tipo de desatinos. El Partido Popular intentará rentabilizar al máximo las favorables perspectivas económicas, que no dudará en presentar como una consecuencia directa de sus políticas reformadoras, a pesar de que no han sido tantas. En realidad, sólo la laboral y la bancaria podrían ser calificadas como tales, y en el caso de la banca, ni siquiera como resultado de un plan del Gobierno, sino del rescate impuesto desde Europa.
En otros casos, como la sanidad, la educación o la justicia, más que de reformas (en el sentido de cambio de modelo), habría que hablar de fuertes recortes presupuestarios con sus correspondientes consecuencias sociales. También la reforma fiscal adolece de tibieza, puesto que se limita a modificar la operativa interna de los impuestos, pero sin grandes pretensiones en materia de cambios en la estructura impositiva, reparto de la carga, persecución del fraude o adaptación del modelo al estado de las autonomías. Queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, la reforma del sector público andaluz prometido por Susana Díaz durante su investidura, el futuro del Senado o de las diputaciones, la financiación autonómica, etc. El drama para la oposición es que tiene agotada su credibilidad reformadora. Por un lado, porque se resistió a impulsarlas cuando pudo hacerlo.
Por otro, porque desgraciadamente Andalucía es la comunidad donde la crisis ha causado más estragos y mayor ha sido el deterioro del bienestar de los ciudadanos, gracias, entre otras cosas, a su indolencia en materia de reformas y política económica. En cierto modo es comprensible, dado que las reformas tienden a alterar el equilibrio político y provoca la resistencia numantina de los más poderosos. Precisamente por ello, las únicas reformas que suelen salir adelante son las que refuerzan los privilegios de sus promotores, como ocurrió con la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007.