FRANCISCO J. GARCÍA ALONSO
De los muchos males que sufre España, algunos son muy conocidos, como el paro, la corrupción, el derroche, el incumplimiento de las sentencias (especialmente las resoluciones del Tribunal Constitucional) o la falta de separación de poderes. Otros,que son igualmente evidentes, van dándose a conocer con cierta dificultad, como el bajo índice de natalidad. En todos ellos, la solución será más o menos complicada pero, al menos, los ciudadanos son conscientes de su existencia y pueden tomar medidas para resolverlos.
Pero también hay en nuestro país un gran número de problemas mal planteados que, a pesar de los recursos y esfuerzos dedicados, siguen lejos de solucionarse. Entre ellos hay uno al que quisiera referirme hoy: el de la investigación en España.
En primer lugar, conviene señalar que el dinero dedicado a la investigación ha disminuido considerablemente con la crisis, y este problema afecta a gran número de investigadores. De hecho, en estos meses se han sucedido declaraciones, cartas abiertas y recogidas de firmas de científicos españoles y europeos, llamando la atención sobre el riesgo que conlleva la reducción de estos fondos.
Sin embargo, el análisis que habitualmente se hace del tema, echando la culpa al escaso interés de las administraciones en apoyar el conocimiento, es claramente insuficiente, al menos en España. Para ver el problema en su conjunto hay que considerar, al menos, otros dos factores: el excesivo número de universidades y el escaso desarrollo industrial.
Restringiéndose al campo de la química, que conozco un poco mejor, encontramos que en nuestra nación hay 37 Facultades de Química. Eso hace que cada año aparezcan, al menos, dos mil nuevos químicos. La oferta es claramente superior a la demanda (cosa que reconoce paladinamente la administración y de lo que se han hecho eco diversos medios de comunicación, entre otros el ABC del 3 de noviembre). Estos datos no resultan tan sorprendentes si se tiene en cuenta que desde 1975 se ha quintuplicado el número de universidades españolas.
Visto el panorama, es natural que un número considerable de graduados (y antes de licenciados) hayan optado en el pasado reciente por la investigación, realizando una tesis doctoral. Los doctores así formados han ido encontrando acomodo en las Universidades de nueva creación, así como en los centros de investigación, tanto nacionales (CSIC) como autonómicos, que no han dejado de proliferar en el mismo periodo de tiempo. Ahora bien, como los doctores, una vez convertidos en profesores de universidad o en investigadores, han pasado a formar nuevos doctores, el número de éstos ha crecido de tal manera que el sistema ya no es capaz de absorberlos ni aunque se dispusiera de mucho dinero (algo que, como se ha dicho antes, no es el caso).
En otros países, especialmente en EE.UU. y en Alemania, este problema no se da porque existe una potente industria químico-farmacéutica (DuPont, Lilly, BASF, BAYER, etc.) que absorbe cantidades ingentes de doctores para su labor de investigación, cosa que en España, obviamente, no ocurre.
El panorama podría ser aún más negro si no hubiesen sucedido dos hechos no previstos por nuestro sistema educativo. El primero es que en los países químicamente más desarrollados los estudiantes han descubierto que un economista gana tanto o más que un químico (incluso si este último es doctor) en una empresa químico-farmacéutica, y que la primera de estas carreras exige un esfuerzo considerablemente inferior al de la segunda. Por ello, en los últimos años, la industria alemana ha reclutado decenas de miles técnicos superiores españoles y, en general, del sur de Europa.
El segundo hecho es que, sorprendentemente, profesores y recién doctor a dos se están arriesgando cada vez más a crear empresas de base tecnológica, las llamadas empresas «spin off», con apoyo no desdeñable por parte de las administraciones locales.
En la historia reciente de España crear empresas productivas ha estado fuertemente desincentivado. Así, los ministros del general Franco no entendían por qué unos particulares (Barreiros, FASA-Valladolid) se empeñaban en fabricar camiones o coches cuando los españoles ya tenían acceso a los Pegaso y a los Seat, respectivamente. Los socialistas, que vinieron después, no han sido precisamente adalides de la empresa privada, a la que incluyen regularmente en la lista de enemigos a abatir. Por otro lado, la corrupción tiende a favorecer la creación de empresas dependientes de las dádivas de la administración más que a establecer empresas competidoras en un mercado globalizado. Posteriormente, populares y socialistas han pretendido rectificar esta tendencia histórica, pero como no pueden quitarse la coraza ideológica, apenas logran balbucir «emprendedores», cuando deben decir «empresarios».
Para completar el panorama, basta leer la legislación vigente para convencerse de que uno de los objetivos finales del Plan de Bolonia es formar buenos profesionales para l as multinacionales; pero el plan no dedica ni una sola palabra a la formación de empresarios. Las palabras «libertad» y «ambición» están desterradas; pero, sin ambición para hacer bienes de consumo ni libertad para intentarlo, el mundo que nos espera es el del intervencionismo estatal, cuyas nefastas consecuencias han sido comprobadas ampliamente durante el siglo XX. En el campo de la química, empresas obsoletas y contaminantes.