Coge con el pie cambiado a Sánchez, que iba a pedírselo solo si se les abre juicio oral
La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, conmocionó ayer al PSOE andaluz, y sorprendió a Ferraz, al exigir a Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera que abandonen sus escaños de diputado, y José Antonio Griñán el de senador, si resultan imputados por el Tribunal Supremo en el «caso ERE». Díaz no está dispuesta a que en Andalucía ocurra lo mismo que donde gobierna el PP –«esto no es ni Madrid ni Valencia y no va a haber imputados en los escaños», dijo–, aunque eso suponga acabar con la carrera política de sus antecesores en la Junta y expresidentes del PSOE, Chaves y Griñán. Su decisión llega tras la de la Fiscalía, de pedir a la Sala Segunda que investigue a todos y supone un tirón en la carrera que ha iniciado el PSOE para aparecer más limpio que ningún otro partido. Una carrera que abrió Pedro Sánchez con la expeditiva expulsión de los 16 consejeros socialistas de Cajamadrid usuarios de las tarjetas B, fiel a la teoría de que «más vale pecar por exceso que por defecto». El secretario general se ve ahora sobrepasado por Díaz.
No figura en el código ético
De hecho, en el Código Ético que presentó Sánchez hace mes y medio, no figura que un cargo tenga que dimitir al ser imputado. Recoge que el imputado deje su cargo «en el mismo momento» en el que se le dé traslado del auto de apertura de juicio oral. Un párrafo que parecía redactado a la medida de Chaves y Griñán, a la luz de lo que sucedió con el exvicesecretario general José Blanco en el «caso Campeón». Blanco permaneció más de un año imputado, pero finalmente la sala Segunda no llegó a abrirle juicio oral y pudo entrar en las listas del PSOE al Parlamento Europeo.
Tanto Chaves como Griñán confían en no ser imputados y tienen previsto seguir la misma táctica que Blanco: pedir que el Supremo les tome declaración tras asistir «indefensos» a la instrucción de la juez Mercedes Alaya, que consideran anómala. La decisión política de Díaz no añade ni quita nada a su situación procesal, pero les pone en el disparadero caso de que el Supremo decida imputarles por encontrar algún indicio de delito en la creación y gestión de la partida 31L para subvencionar ERE en empresas.
Ambos contaban con el «colchón» político que les proporcionaba saberse a salvo de la dimisión hasta que la Sala Segunda les abriera juicio oral por el «caso ERE»; algo que consideran ciencia-ficción porque, dicen, el Supremo tendría que probar que crearon la citada partida presupuestaria 31L para que luego otros defraudaran más de 150 millones, de los 725 con los que contaba, a base de ERE falsos.
Sorpresa en el PSOE
Aún así, nadie en el PSOE se esperaba lo de Susana Díaz, de la misma forma que nadie se opondrá públicamente a su petición; ni siquiera el secretario general que, el miércoles, durante la presentación de una Declaración contra la corrupción en Valencia, dijo que será «implacable» contra quienes se han enriquecido con los ERE, pero no quiso ir más allá sobre las responsabilidades políticas de Chaves, como presidente de la Junta, y de Griñán, consejero y presidente después.
«Respetando la presunción de inocencia, en función de como sea esa investigación, el PSOE actuará con la máxima contundencia y con la máxima celeridad», fue a lo más que llegó Sánchez. Sin embargo, Díaz le adelantó al señalar que «cualquier persona que resulte imputada por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a tener que dejar el escaño». «Me estoy refiriendo a todos», aclaró para que no pareciera que se refería solo a Zarrías y Viera. Y añadió que hablará con cada uno. De hecho, Zarrías dijo a ABC que la presidenta no había hablado con él.